Antofagasta, hacia la época del estallido de la Guerra del Pacífico.
Recientemente, el portal noticio "El Mostrador" ha publicado el 28 de septiembre de 2015, un artículo titulado "El rol clave de los Edwards en la Guerra del Pacífico y el conflicto que arrastran Chile y Bolivia", de Macarena Segovia (seguir este link para verlo).
El artículo, que curiosamente acoge -y diría que casi rumia- algunas de las afirmaciones propias de los grupos más revanchistas y furibundos del nacionalismo reivindicacionista boliviano, está basado a su vez en una parte del trabajo titulado "Una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio: Agustín Edwards Eastman", de Víctor Herrero, donde parece que se ha creído encontrar una revelación brillante sobre las causas de la Guerra del Pacífico, la participación de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta en su estallido y particularmente de los patriarcas de la familia Edwards en las razones de fondo del conflicto, aunque queda la sensación de que sólo se terminan demostrando los infaltables intereses capitalistas que rondan ésta y todas las grandes guerras, haciéndolos extensivos y resaltados para el caso de los fundadores de "El Mercurio".
Admito que me resultaría difícil leer el libro de Herrero, y lo más probable es que jamás lo haga, pues a diferencia de muchos escritores, intelectuales o difusores de la generación post-dictadura, no siento deleites ni sabrosuras al poner atención en gente que considero despreciable en muchos aspectos. Sin embargo, y dejando en claro que no soy experto más que en mi propia semblanza, mi antigua relación con la investigación sobre temas diplomáticos de la Guerra del Pacífico, como divulgador de este conflicto en varias instituciones del pasado y actual colaborador de la Fundación Museo del Pacífico "Domingo de Toro Herrera", me provoca hacer algunas precisiones y observaciones críticas sobre lo expuesto en la nota aludida de "El Mostrador", independientemente de que se base un fragmento del libro señalado y que me resulta ajeno.
La idea de promover una visión de aires revisionistas sobre el estallido de la Guerra del Pacífico en Chile y acentuando la participación de la explotación capitalista no es nueva, por supuesto. Si bien surgió por autodefensa en el relato de historiadores de los dos países aliados en tal conflicto, mutando a la versión del complot chileno-británico y otras exageraciones de credo popular, en nuestro país aparece acogida con versiones como la del estudio publicado en el folleto Contribuciones Programa FLACSO, Santiago de Chile, Nº 24, abril de 1984, por la Chile por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, titulado "Los Empresarios, la Política y la Guerra del Pacífico" y escrito por Luis Ortega. Empero, la acusación ha ido variando desde la tibieza y el uso insistente del potencial sobre lo que "podría" haber sucedido en realidad, hasta una convicción temeraria, majadera y absoluta sobre este punto, reafirmada por la repetición constante. Así, por ejemplo, interpretaciones marxistas de la historia enfatizando los procesos económicos y comerciales asociados al conflicto, también han ido creando imaginarios sobre las causas y desarrollo del mismo, pero pecando con frecuencia de no considerar la amplia documentación relativa más bien a la historia diplomática y la política interna en los países comprometidos por la guerra, que aporta bastante luz a la comprensión amplia de ella por encima de las conclusiones en base a zooms sobre eslabones particulares.
El entreguismo más ideologizado de Chile y solidario con el reclamo boliviano, en general echa mano al estímulo de la culpa y la deuda históricas, en especial cada vez que pueda arder alguna brasa de patriotismo o impulso de nacionalidad en el relato histórico o en la contingencia, como sucede ahora. Por eso, pues, conmoverse con las versiones de los ex países aliados y promover sentimientos culposos es algo que se irá repitiendo en estos días de campañas tituladas "mar para Bolivia"; o "mar para Evo Morales", más bien dicho, ya que hay un alto voltaje político e ideológico enchufado a la aparente solidaridad entreguista, americanista y bolivariana. Incluso hay medios de comunicación reconocidamente comprometidos con esta inclinación, también respondiendo a manifiestos de sectas y dogmas fundamentales del "cómo opinar" correctamente sobre el asunto de moda por la demanda de Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de La Haya.
El artículo que nos interesa, entonces, dice hacia el principio de su exposición y anticipándonos algo de lo que encontraremos al avanzar por sus líneas:
"(Bolivia) perdió el territorio en dicha cruzada, la que es conocida como 'Guerra del Guano y el Salitre', ya que se inicia luego de que Bolivia decidiera implementar un impuesto a la extracción de salitre en sus tierras, por parte de empresas extranjeras, una de las cuales era la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de la que la familia de Agustín Edwards era dueña de más del 40%".
Bueno... Vamos viendo.
Demás está decir que la Guerra del 79 o Guerra del Pacífico fue denominada como tal por los veedores extranjeros que se hallaban destacados en esta parte del mundo durante la conflagración, para partir con una aclaración. Irónicamente, fue un miembro de la dinastía Edwards quien ayudó a propagar la imprecisa creencia de que los chilenos nos habríamos empeñado en hacer hipérbole de este hecho histórico colocándole el apellido"del Pacífico": el cronista don Joaquín Edwards Bello. Por otro lado, las guaneras eran un negocio que ya estaba en retirada al momento de estallar la guerra, y de ahí el interés de Perú en mantener el estanco del guano y del salitre, pues ambos productos eran competidores en el mercado de los fertilizantes. Además, el área en disputa entre Chile y Bolivia no era sólo de guanos y nitratos: también estaban minerales de plata como el de Caracoles (que por escasa distancia quedó justo dentro del territorio comprometido), y otros de cobre. Tratar de ningunear el alcance de la Guerra del Pacífico tildándola de "Guerra del Guano y el Salitre", entonces, es como proponer que la Guerra de Islas Falkland o Malvinas debiese ser apodada, por ejemplo, "La Guerra de la Chatarra" por el tipo de operaciones comerciales que desencadenaron los incidentes de aquel conflicto (basura ferretera de ex plantas balleneras); o bien llamar a la Guerra del Acre como la "Guerra de la Goma" por ser el producto cauchero la razón germinal de las disputas en ese territorio selvático.
La cuestión nominal de reducirla a una "Guerra del Guano y el Salitre"es, entonces, sólo una pequeña e infantil catarsis de quien se incomoda con los contenidos que involucra este conflicto en el currículo de la historia de Chile... Un eufemismo amortiguador, con cierto parecido al caso de usar esa suerte de perífrasis de "pronunciamiento militar" cuando (no) se quiere decir "golpe militar"o, en la contraparte doctrinaria, estirar la definición "subversivos" para vestir con ella también a lo que técnicamente serían "terroristas"hablando sin rodeos, aunque en este caso su objetivo es anatemático y, cuando no, denostativo, procurando un efecto casi purgante en la conciencia entreguista cuando le toca hacer referencia a él. Digamos que sería un laxante retórico, acaso.
Volviendo a nuestra Guerra del Pacífico, cabe añadir que ésta no se inicia después de que el vecino país "decidiera implementar un impuesto a la extracción de salitre en sus tierras", como señalada el artículo haciendo eco de un extendido error, sino con un hecho culminante y muy concreto: cuando Bolivia, valiéndose de ese impuesto y violando con inusitado desparpajo diplomático un tratado que el texto no menciona, toma la decisión de expulsar a los capitales chilenos de Antofagasta, poblada por trabajadores de esta nacionalidad en una fracción cercana al 80 ó 90%. Es el mismo y exacto día en que debía ejecutarse la orden de subasta y desmantelamiento, cuando llega la Armada de Chile ocupar la ciudad sin disparar un solo tiro: 14 de febrero de 1879, no antes.
A pesar de ser el Tratado de 1874 el mismo instrumento por el cual Bolivia tenía aquellos territorios bajo su jurisdicción, "sus tierras", el país altiplánico no tuvo empachos en desconocer una de sus restricciones; acto seguido, al no recibir el pago de impuestos que exigía, llamó a remate de las instalaciones de la Compañía de Antofagasta. Y no sólo eso: al declarar el advenimiento de una guerra el 1° de marzo siguiente, el dictador Hilarión Daza ordenó que los ciudadanos chilenos que se hallaban en Bolivia fuesen "obligados a desocuparlo en el término de diez días, contados desde la notificación que se les hiciere por la autoridad política local, pudiendo llevar consigo sus papeles privados, su equipaje y artículos de mensaje particular", plazo ridículamente breve para aquellos años y más encima con la instrucción de proceder "al embargo bélico de las propiedades muebles e inmuebles pertenecientes a súbditos chilenos"... También estaría por demás recordar que ni peruanos ni bolivianos fueron expulsados o maltratados en Chile durante todo este período de guerra, como lo testimonian los veedores internacionales, el alemán Von Gülich entre otros, y el sacerdote italiano Benedicto Spila.
La razón por la que el mencionado tratado le impedía a Bolivia alzar impuestos y la misma por la que la Compañía se negó pagar semejante abuso, dando el supuesto "pretexto" de Chile para provocar una guerra en el discurso de los ex aliados, se debe a que el salitre antofagastino explotado por capitales chilenos era de mucha menor ley que el competidor peruano, debiendo ser sometido a trabajos de refinado que lo encarecían. Por supuesto, los simpatizantes con la idea de criminalizar a la Compañía de Antofagasta jamás abordan este punto, haciendo parecer el impuesto boliviano como algo exiguo y justificado por su pequeñez, y que dio a Chile la oportunidad de pegar la mordida
De ahí que los Edwards y todo el grupo empresarial comprometido, en un acto de mero interés por salvar su pellejo y sin colores patriotas, enviaran a La Paz a sus representantes pidiendo consideraciones para la Compañía de la que participaban ampliamente en la sociedad accionaria y el directorio. El resultado de esta gestión particular fue un Convenio logrado por la Compañía con el fisco boliviano, en noviembre de 1873, y que, como dice el artículo de "El Mostrador", finalmente no fue aprobado en la Asamblea de Bolivia... Pero, por supuesto, no explica el mismo texto dos hechos cruciales sobre este acuerdo: primero, que a pesar de ello el Convenio sí entró en aplicación e incluso Daza ofreció a Chile renunciar a él con la guerra ya casi encima, como veremos más abajo; y segundo, que su aprobación en la Asamblea se hizo innecesaria tras aparecer un instrumento mayor, como es el Tratado de 1874, que daba las mismas garantías a la Compañía. Dada la informalidad con que se tomaban algunas materias de estado y derechos en Bolivia durante aquellos años, no es para nada de extrañar esta situación.
En el interés comercial de los capitalistas del salitre, entonces, es un acto totalmente comprensible y esperable que ellos hayan visto en esos días la sombra de la amenaza diplomática en el clima avinagrado de las relaciones entre Chile y Bolivia, que logró un pequeño respiro con el Tratado de 1874 antes del inevitable final. Pero el artículo de "El Mostrador" parece estar decidido a no mencionar que el inminente quiebre que se aproximaba entre Chile y Bolivia fue postergado ese mismo año gracias al tratado misterioso y etéreo al que ni siquiera se atreve a aludir... ¿Por qué tanta evasiva? Pues porque éste es el tratado que le prohibía categóricamente a Bolivia alzar impuestos a la Compañía, y no sólo el Convenio del año anterior. Fue dicho instrumento, nuevamente, aquel por el cual sus inversionistas (incluidos los Edwards) pudieron soltar el aire y respirar tranquilos durante un tiempo más; y fue por dicho instrumento, además, que Bolivia pudo conservar en su jurisdicción los territorios antes sometidos a régimen de condominio y repartición por el Tratado de 1866, mecanismo que resultó en un fracaso y sólo ayudó a profundizar la convicción altiplánica de tener derecho a costas propias en el territorio chileno del Desierto de Atacama. La condición era solamente no cargar tributos a las personas, industrias y capitales chilenos durante 25 años, exactamente lo que violó con el gravamen al salitre en Antofagasta.
No cuesta mucho adivinar por qué el artículo de "El Mostrador" no llega a tocar al Tratado de 1874 y lo vuelve algo inexistente, entonces. Sin embargo, hay otro detalle que pierde de vista en esta burda operación de tender sombras: el Convenio de 1873 entre la Compañía y Bolivia, tuvo un alcance que también los partidarios de la fábula del complot difícilmente podrían describir y excusar, lo que explica su paso raudo por el mismo, además... En efecto, mientras estuvo vigente, el Convenio puso en alerta a los intereses estanqueros peruanos y así las autoridades del segundo de los países aliados en la guerra comenzaron a implementar formas de adquisición de calicheras similares a las ejecutadas ya en El Toco, asignándole a empresarios como Meiggs dicha actividad de explotación, pues el fisco peruano por sí sólo no era capaz de tomar las operaciones. Esta es otra razón para sospechar seriamente, entonces, en que el rompimiento de Bolivia con Chile -a través de la violación de los acuerdos- no tuviera otro objetivo que el de sacar del mercado el salitre chileno. El acto de ofrecimiento de uso y tránsito boliviano por los puertos del Sur de Perú como propuesta de Lima para la renovación del Acuerdo de Aduana Común entre ambos países, precisamente como moneda de pago en la Asamblea de Bolivia durante las discusiones para colocarle un tributo a la Compañía en el verano de 1878, casi confirma por sí solo esta sospecha.
De esta manera, los informes que enviaban las legaciones extranjeras dan cuenta de la actuación inusitadamente audaz y desafiante de Bolivia en provocar deliberadamente la ruptura y sacar a la Compañía, lejos de suponer alguna clase de intencionalidad chilena en empujar los hechos al punto más grave e irreversible, como sostiene el discurso enfocado exclusivamente en el actuar de los capitalistas. El 28 de enero de 1879, por ejemplo, el representante británico Francis John Pakenham escribía desde Santiago al Secretario de Relaciones del Gran Bretaña, el Marqués de Salisbury:
"Surgió a raíz de esto una correspondencia un tanto acalorada entre ambos gobiernos, la cual fue conducida con mínima cortesía por parte de Bolivia, que trató con muy poco respeto las representaciones del encargado de negocios chileno, y, en respuesta a su petición de un breve plazo para permitir la entrega de las explicaciones entre ambos gobiernos, dispuso la aplicación inmediata del decreto de embargo, el cual, en consecuencia, fue aplicado. Como Su Señoría podrá imaginarse, esta conducta de parte de Bolivia ha producido gran indignación en Chile, país que ha hecho grandes sacrificios motu propio para asegurar la paz con su poco caballeroso vecino. Medidas precautorias han sido entonces tomadas aquí, manifestadas en el despacho de hombres y armas a los barcos chilenos de guerra o cerca de aguas bolivianas, lo que involucra aún mayores gastos sobre una Caja Fiscal casi exhausta. Siento tener que agregar que han llegado noticias de que el Perú ha ordenado a sus acorazados, uno de los cuales es el 'Huáscar', que se dirijan a aguas territoriales bolivianas. El objeto de esta demostración es aún desconocido, pero es considerado aquí como muy poco amistoso hacia Chile".
Lo propio hace el representante de México en Chile, don Santiago Sierra, quien informaba a su gobierno de los acontecimientos que sucedían en Sudamérica por nota del 28 de febrero de 1879:
"Como el Encargado de Negocios de Chile manifestase entonces categóricamente que su Gobierno consideraría esta medida como una ruptura definitiva del Tratado, el de La Paz dispuso por último que se expropiase radicalmente a la Compañía Salitrera, declarando nulo el contrato celebrado con ella, y mandando proceder sin demora a la ejecución de este nuevo decreto. No se comprende qué objeto se propuso el gobierno boliviano con precipitar así los acontecimientos, pues apartándose de toda discusión sobre el derecho que pudiere o no asistirle, la simple circunstancia de que ponía a su poderoso adversario en condición ventajosa habría debido persuadirle a obrar con mayor reflexión".
Dicho lo anterior, se entiende el carácter de violación del tratado que acarrearía la decisión de imponer un tributo a la producción del salitre de Antofagasta, los famosos diez centavos por quintal, tomada por la Asamblea de Bolivia y llevada a efectos por el gobierno en 1879, desoyendo una chorrera de protestas, emplazamientos y llamados a solicitar un arbitraje emitidas por Chile hasta el último día en que estuvo en La Paz nuestro representante, Pedro Nolasco Videla, antes de tener que abandonar la legación y declarar roto el Tratado de 1874 por incumplimiento boliviano.
Para no tropezar con sus propios zapatos sueltos mientras corre en tan difícil terreno, entonces, el artículo de "El Mostrador" pregona esta sencilla explicación sobre lo que sucedería, tratando de seguir sosteniendo la leyenda negra del complot empresarial como causa central de la guerra:
"Luego, en 1878, la Asamblea Constituyente boliviana aprobó sin problemas el establecimiento de un impuesto de diez centavos al quintal de salitre exportado, lo que desencadenó la ira de los empresarios chilenos, entre ellos Edwards".
Es decir, todos los engorros y sacrificios que llevaron desde el Tratado de 1866 al de 1874 y su cláusula prohibiendo explícita e inconfundiblemente el alza de tributos al salitre, se reduce ahora a la mera "ira de los empresarios chilenos". Idea ya antes regurgitada sobre la literatura histórica, por cierto, como es el caso del historiador altiplánico Valentín Abecia Baldivieso, quien en "Las Relaciones Internacionales en la Historia de Bolivia" señala la existencia de algo que denomina como una "burguesía guerrista", acusándola de ser la causante de la Guerra del Pacífico... Perdón: la del Guano y el Salitre, para que se entienda.
Y como si el análisis no fuera suficientemente fanático y obcecado hasta este punto, en otra parte anota el artículo -citando el libro base del mismo- que el primer gabinete de guerra chileno estaba compuesto de"accionistas minoritarios de la Compañía", como don Antonio Varas, Domingo Santa María y Jorge Huneeus... Empero, se escapa aquí otro detalle, en este caso de carácter numérico y vital para aclarar la ambigua indicación de ser "accionistas minoritarios": que contando la participación de estos ministros nombrados, más las de su colega Julio Zégers, y sumándola incluso a la que tuvieron otros conocidos personajes públicos de época como Cornelio Saavedra, José Francisco Vergara o Jorge Ross, las inversiones juntas no llegaban... ni al 1% del total accionario de la Compañía (!).
En otro aspecto, ingenuamente se podría esperar que el empresariado salitrero y principal afectado por las medidas altiplánicas, hubiese guardado silencio ante tamaña agresión contraria a los acuerdos diplomáticos, afectando sus propios bolsillos y más encima contando sus intereses con el respaldo de un tratado internacional que supuestamente garantizaba la congelación de los impuestos por 25 años a cambio del reconocimiento de ese mismo territorio de Antofagasta como soberanía boliviana. Las presiones empresariales de estos accionistas tenían un claro motivo de fondo: las sospechas de que el Presidente Aníbal Pinto prefería sacrificar las inversiones chilenas en Antofagasta, antes que iniciar un caro y duro proceso de recuperar el territorio que Chile había considerado propio, pero cedido por el tratado de 1866 y luego el de 1874.
Efectivamente, y aunque se lo ha tratado de representar como una especie de timonel de la conspiración pro-guerra en el legendario de entreguistas y el folklore oral de ex-aliados (hace pocos años, por ejemplo, un dirigente estudiantil hizo un lacrimoso discurso en el Instituto Nacional, acusándolo de lo mismo y manifestando su vergüenza de que fuese otro institutano), Pinto sostuvo una actitud totalmente pusilánime y timorata durante la parte más caliente del conflicto, llegando a poner en venta los buques de guerra (incluidos los dos blindados de la escuadra) y permitir el paso de armas bolivianas por Valparaíso (1.500 rifles Remington destinadas a Cobija), cuando la guerra ya era inminente a ojos de los políticos y militares más preclaros. No es impreciso suponer que la cobardía e indecisión del Gobierno de Pinto facilitó mucho la actitud triunfalista de Daza en Bolivia, durante aquellos días.
Podemos hilar más fino aún: lo que se le pidió al gobierno chileno por parte de los capitalistas, no era otra cosa que imponer el derecho de los tratados y exigir el respeto a la palabra jurada, a pesar de que el texto de "El Mostrador", haciendo gala de un lenguaje tendencioso y convenientemente podado, explica este hecho como una suerte de presión ilegítima de los intereses empresariales sobre la Presidencia de la República, haciéndole enviar casi por su voluntad el personal militar de ocupación de Antofagasta en resguardo de esos capitales:
"En paralelo, el Gobierno chileno de Aníbal Pinto también desplegó sus cartas. Los empresarios llevaban tiempo presionándolo para que interviniera, aunque un conflicto fronterizo mantenía la atención de las autoridades nacionales, pero la posibilidad de un remate de una empresa chilena levantó las alarmas y el presidente envió al buque Blanco Encalada a las costas de Caldera. Cuatro días después, este ancló en Antofagasta".
Hay bastante que decir al respecto, pues la afirmación revela el mal respaldo en las creencias que son tomadas por ciertas en el artículo, partiendo por advertir que los empresarios partidarios de la intervención armada a la que Pinto le hacía el quite, eran sólo un ala de los capitalistas que intentaban influir en La Moneda en esos días: el otro grupo no menos poderoso e influyente era el de los explotadores no salitreros que estaban ajenos a los alcances del impuesto y que veían una intervención armada de Chile en Antofagasta como la virtual ruina de sus negocios, haciendo lo inverosímil para evitar la ruptura. La comentada obsesión por hablar de la "Guerra del Guano y del Salitre", muy probablemente, tenga por interés tapar bajo el manto de culpas y solidaridad por el victimismo de los ex-aliados, a la existencia de este otro grupo de presión en el estallido del conflicto.
Entre estas inversiones no salitreras estaba la Compañía Huanchaca explotadora de plata, perteneciente Melchor Concha y Toro; la Compañía Corocoro de cobre, perteneciente a Jerónimo Urmeneta, Juan Francisco Rivas y Rafael Gana y Cruz; y la Compañía Oruro de plata, perteneciente a Uldaricio Prado, Juan Francisco Rivas, Alejandro Vidal, Enrique Concha y Toro y Gregorio Donosos Vergara. El caso más patético fue quizás el del empresario chileno residente por períodos en La Paz, don Lorenzo Claro, dueño del Banco Hipotecario, primo cercano al Presidente Pinto y amigo del dictador Daza, para quien llegó a oficiar como su consejero en la crisis con Chile buscando proteger sus inversiones del mercado financiero en el vecino país, recomendándole mantener el impuesto y apropiar la Compañía de Antofagasta en base a que el comentado Convenio de 1873 nunca fue aprobado... Es decir, exactamente lo que se intenta sostener como justificación para el actuar ilegal de Bolivia en el texto de "El Mostrador".
Así, para salvar sus respectivos negocios, todos ellos intentaron persuadir al Presidente Pinto de no intervenir por la Compañía de Antofagasta ni romper con Bolivia, en algunos casos realizando sendos llamados desde la propia presidencia de la Cámara de Diputados. Y tenían razón, de alguna manera: ni bien se produjo la ocupación de Antofagasta, las instalaciones de muchas de estas compañías fueron tomadas, destruidas y desmanteladas por la autoridad de Bolivia.
Y sólo para desplumar a este pollo ya muerto, en este mismo aspecto: sumando todas las inversiones de los empresarios chilenos en Bolivia justificadamente temerosos de una reacción militar chilena, la cifra llega a un capital nominal de $16.131.875 de la época, superando ampliamente a los $2.500.00 con los que se había constituido la Compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta en 1872. En otras palabras, el poder financiero del capitalismo minero en el Norte de Chile estaba más interesado en entregar el territorio cediendo a la voluntad de Bolivia, que el de retenerlos y salvar la Compañía.
Continuando con esta diatriba sensacional de iluminismo, se nos recuerda en el artículo que un representante de la célebre Casa Gibbs (cuyo capital accionario en la Compañía no llegaba ni al 30%, por cierto) se comunicó con Londres "con el objetivo de dar a conocer la estrategia zanjada tras una reunión de accionistas", según se anota para alimentar la interpretación conspiranómana a partir del interés de la firma por provocar reacciones ante lo que sucedía en Antofagasta y estimular una reacción patriota de la ciudadanía como un preparativo para precipitar la guerra. Una afirmación que, por supuesto, los investigadores más serios de la Guerra del Pacífico podrán notar que se refiere ladinamente a los preparativos propagandísticos tomados casi espontáneamente a partir del período 1872-1874, por tratarse de uno de los más graves en toda la gestación del conflicto hasta ser resuelto momentáneamente con el Tratado de 1874. Parte de la prensa de la época refleja perfectamente la línea que estaban tomando los acontecimientos y la insuflación esperable de los ánimos.
Esta teoría de Chile empujando una crisis en 1874 se cae sola, además, si vemos que, a la sazón, la alianza secreta Perú-Bolivia ya estaba firmada y juramentada desde el año anterior (6 de febrero de 1873), casi al mismo tiempo de promulgarse el estanco del salitre por parte de Perú, por lo que las suspicacias de una conspiración empresarial chilena no coinciden del todo con el orden de los hechos relacionados. Más bien, tienden a hacer sospechar que el clima rancio que alcanzó la tensión chileno-boliviana durante el gobierno de Agustín Morales en La Paz, tenía que ver con preparativos de guerra de parte de los propio aliados, llegando incluso a ser invitada la República Argentina a esta alianza cuanto menos desde el año 1872.
Y más aún, hacia el mencionado año de 1874 en que se gesta la pretendida conspiración de los capitalistas chilenos, Bolivia, la "víctima" de la misma, había llegado a un acto inverosímil en su interés casi febril de involucrar a Argentina en el cuadrillazo contra Chile: a través del Ministro de Justicia del Altiplano Julio Méndez, el gobierno de La Paz se había puesto en contacto con el ministro representante platense en Perú, don José Evaristo Uriburu, presentándole una propuesta estratégica en la que, a cambio de la entrada a la alianza y de responder a una guerra con Chile, Bolivia le "concedía" a Argentina una franja territorial desde el paralelo 24º al 27º, territorio a intercambiar por una fracción del Chaco entre los ríos Bermejo y Pilcomayo. Este grosero y canallesco ofrecimiento, con el mismo estilo de la repartija de piratería consensuada que se tenía preparada contra el Paraguay desde mucho antes de la Guerra de la Triple Alianza, volvió a ser formulada secretamente por Bolivia y Perú el 26 de marzo de 1879, a través del agente de Lima en Argentina, Aníbal Víctor de la Torre, intentando la adhesión de Buenos Aires con una oferta territorial boliviana otra vez entre los paralelos 24º y 27°, hasta "sus verdaderos límites con Chile", asegurándole de paso al gobierno platense que Perú "vería con placer que la Argentina tomase asiento entre los Estados del Pacífico".
En rigor, pues, lo que se indica como una mera campaña que intentaban despertar los accionistas de la Compañía no era más que una toma de posiciones comunicacional y a favor de sus intereses frente a un peligro muy real de guerra, que se aproximaba involucrando directamente sus negocios en la industria de los nitratos a pesar de la apatía que solía demostrar el centralismo chileno con estos temas. Era algo parecido a lo que mineros, capataces y dirigentes sociales chilenos venían haciendo desesperadamente desde su propio ámbito, a partir de 1876 en el caso de la sociedad civil "La Patria" de los trabajadores de Antofagasta, sin mayores efectos de divulgación por su modesta y localista situación a pesar de contar al propio Cónsul Enrique Villegas en su directorio. Las tropelías cometidas por un siniestro juez boliviano del poblado de Caracoles contra los chilenos (que tenía incluso antecedentes por delitos graves) ese mismo año, o el asesinato en manos de la policía peruana del primer mártir del periodismo chileno, Manuel Castro Ramos, durante el año anterior y por denunciar a las autoridades de Iquique, difícilmente podrían ser consideradas también como propaganda patriotera o belicosa en un contexto eventualmente belicista. Por eso los diarios escogidos por los inversionistas para estas publicaciones en favor de sus intereses fueron centrales, además: "El Ferrocarril" y "Los Tiempos".
Dicho de otro modo, tanto trabajadores como inversionistas reclamaban con sus campañas de medios una sola cosa, desde sus respectivos intereses: exigir el imperio del derecho al que la autoridad boliviana manifestaba escaso apego. Ahora bien, si los capitalistas chilenos estaban lejos de verse afectados por el más profano y vulgar problema de las tropelías cometidas por autoridades policiales y administrativas contra sus compatriotas residentes y trabajadores de la región, ¿cuál pudo ser la razón de su principales protestas y de sentirse atropellados en sus derechos? Pues, por capitalistas, explotadores y abusadores que hayan sido estos inversionistas y empresarios del salitre, su causa era justa y razonable a la civilización: exigir el respeto irrestricto al derecho que estaba siendo desconocido y violentado por la parte boliviana, especialmente al no cumplir los términos estrictos de la repartición de riquezas en el territorio del condominio fijado en el Tratado de 1866 entre los paralelos 23° y 25°, y estar en evidente interés de provocar el desahucio de dicho tratado (cosa que lograron, al firmarse el Tratado de 1874).
A mayor abundamiento sobre lo anterior, además de las constantes molestias que provocaban las autoridades locales bolivianas hostigando al personal chileno que operaba en Antofagasta, era claro que La Paz desde el principio no tenía intenciones de cumplir la totalidad de las condiciones del condominio. Además, es justo el período en que se constituye la firma Melbourne, Clark y Cía., fundada con la participación de Agustín Edwards y Williams Gibbs en marzo de 1869, sobre la base de la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama creada por José Santos Ossa y Francisco Puelma, que sería la futura Compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta.
El gran problema era que la repartición seguía siendo postergada y desconocida por Bolivia a pesar de las insistencias chilenas, hasta que, hacia medidos de 1871, La Paz debió ceder a las presiones y se comprometió por fin a depositar la suma correspondiente a la parte chilena del dinero reunido por concepto de ganancias de Mejillones, primero en el Banco Edwards y luego en el Banco Inglés. En una demostración del abuso e injusticia cometido por la autoridad boliviana, sin embargo, sólo depositó escuálidos $5.000, cuando la cifra debía ser de alrededor de $100.000. Sin embargo, desoyendo las protestas de los empresarios chilenos y desesperado por hacer que Bolivia por fin acatara la condición de las reparticiones del Tratado de 1866, el representante nuestro país don Santiago Lindsay, aceptó el exiguo depósito. Los esfuerzos del Canciller Adolfo Ibáñez a partir de marzo del año siguiente por regular la repartición y parar esta injusticia, sólo acabaron en nuevos roces diplomáticos con Bolivia, ya bastante empeoradas con su negativa a acatar también la demarcación Pissis-Mujía que se había ejecutado hacía poco tiempo.
Y si eran los empresarios del salitre chileno los que supuestamente prepararían el ambiente para la guerra en años posteriores, cabe preguntarse por qué el el sagaz diplomático Rafael Bustillo, representante de Bolivia en Santiago de Chile, dirigía una carta con la siguiente frase dirigida al Presidente Morales, en mayo de 1872, revelando de qué lado estaban en realidad los sentimientos más belicosos:
"¿Con qué objeto queremos fortificarnos con elementos marítimos y terrestres? Eso quiere decir que debemos prepararnos para una guerra ¿Pero con quién la tendríamos? He expresado repetidas veces a Vuestra Excelencia que Chile quiere y ha querido arreglar sinceramente sus cuestiones con Bolivia. Para ello se ha prestado, lo que parecía imposible, a la revisión del tratado. Lo ha hecho, verdad es, mostrándose exigente y altanero, pero de esto a declararnos la guerra hay un abismo".
No es de extrañar, pues, que en esos mismos momentos La Paz preparaba también la firma del tratado secreto con Perú. Se conoce, además, el contenido de una carta del ministro boliviano Mariano Baptista, fechada en febrero del año 1874, donde hace esta insólita declaración a otro representante diplomático de Bolivia, explicándonos la razón más íntima de La Paz para provocar la revisión del Tratado de 1866 y que había puesto en alertas las balizas de los capitalistas chilenos en Antofagasta, por comprometer sus intereses (por mezquinos y ambiciosos que sean, insistimos):
"Le llamo la atención sobre ese maldito uti possidetis deslizándose en las soberanías nacionales. Le repito que, aceptándolo en su vaguedad, ni Guayaquil pertenece al Ecuador, ni Montevideo es la capital de la Banda Oriental. Llevémoslo allí donde debe estar, al Chaco y Atacama para nosotros, a sus llanuras de oriente para ustedes, a los desiertos de Patagonia para Chile".
Como se recordará, el Uti Possidetis Juris de 1810 es el principio por el cual cada república estimaba como propio o correspondiente el mismo territorio que poseían en el año de 1810, como herencia de lo que era su jurisdicción en tiempos coloniales, por lo que Baptista -sin quererlo, al parecer- está reconociendo en estas líneas que su patria no tenía derechos territoriales en la costa atacameña a pesar de la insistencia actual en que"Bolivia nació con mar"(refiriéndose a su independencia, en 1825), invitando así a forzar la soberanía más allá del referido principio.
Pero acojamos la teoría propuesta por el artículo de "El Mostrador" y tomemos estas intervenciones comunicacionales como parte de un complot para "provocar" una guerra. Digamos que, efectivamente, los capitalistas provocaron un clima de hostilidad a través de los medios, durante los cuatro años previos al estallido de la guerra que tanto deseaban... Pues aún así, los promotores de sentimientos de culpa tienen enfrente un gran problema que saltar: los aliados, Perú y Bolivia, venían haciendo lo mismo desde 1865 cuanto menos, con titulares, líneas editoriales y redacciones que incluso deslizaban algo de la idea, ya en 1872, de las conveniencias de un acercamiento estratégico entre sí y con Argentina, el que precisamente se intentó apuntando sus cañones a Chile. Y por la existencia de este clima enrarecido de la diplomacia, además, ha sido que algunos historiadores solidarios con el lamento de los ex aliados, como Luis Vitale, aseguraron alguna vez que el pacto secreto entre ambos países no era reservado, sino muy conocido y público, pues se hallaba justificado en el clima belicoso existente y del que el principal causante sería, a juicio suyo, Chile. Poco importan estas contradicciones al discurso adaptativo y acomodaticio del entreguismo y del reivindicacionismo, por supuesto.
Otra razón para, cuanto menos, dudar que la Casa Gibbs fuera tan partidaria de una conspiración pro-guerra que intenta fabricarse a partir de estas medidas tomadas ya casi encima de la guerra, es que la misma firma había estado vendiendo guano peruano a Inglaterra hasta 1861, manteniendo intereses en el estanco del salitre que dirigía también el Estado de Perú para nacionalizar y controlar el mercado de fertilizantes, buscando alcanzar con ello también los territorios disputados por Bolivia y Chile. Más aún, la Gibbs obtuvo hacia 1876 una consignación exclusiva para ventas del salitre que fuera elaborado en contrato entre dueños de calicheras intervenidas por el estanco y un grupo bancario limeño fundado por el propio Gobierno de Perú. La firma, entonces, tenía participación en la Compañía de Salitres de Antofagasta pero sólo en su interés de controlar los precios y el máximo posible de la producción, pues su aspiración más íntima siempre fue terminar con la actividad de ésta y quedar así sin grandes competidores en la industria, como lo demuestra mucho de su actuar como miembro accionario de la sociedad. Cualquiera hubiese sido el triunfador de la guerra, entonces, la Casa Gibbs habría cortado igual suculentos frutos.
Y así, pues, de tropiezo en tropiezo continúa la exposición en el artículo, refiriéndose ahora a la ocupación chilena y la reincorporación de Antofagasta:
"De esta forma, Agustín Edwards Ross salvó a su empresa de ser rematada y fortaleció su poder económico y de manipulación política".
Resulta ahora, pues, que toda la necesidad de impedir el remate de la Compañía de Salitres de Antofagasta, el fin de la principal actividad calichera chilena existente y la expulsión de más de 6.000 ciudadanos chilenos residentes los territorios directa o indirectamente relacionados con el rubro minero, se reduce sólo a los intereses de la familia Edwards, a "su" Compañía y al gobierno respondiendo a sus caprichos. ¡Todo clarísimo!
Para qué preguntar si quien redactó esta sentencia, sabe acaso que en la víspera de la ocupación de Antofagasta de 1879, Daza hizo llegar una nota al representante chileno donde manifestaba estar dispuesto a suspender la exigencia del impuesto de los 10 centavos por quintal y frenar el remate de los bienes de la Compañía, sólo si desahuciaba el Convenio de 1873. En la práctica, esta era la misma violación al artículo del tratado que le impedía tales medidas. No hay mucho espacio a dudas, entonces, de que la obsesión de la autoridad boliviana era contra la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, bajo la seguridad de contar con el involucramiento de Perú por la vía del Pacto de Alianza que el representante altiplánico Serapio Reyez Ortiz corrió a hacer valer y cobrar a Lima, ni bien se desencadenaron los hechos. Así es cómo, en una nota que envía casi al mismo tiempo que su propuesta de renunciar al Convenio de 1873, Daza dice a uno de sus asesores que Reyes Ortiz "marcharía a Lima dentro de dos días a ponerse de acuerdo con el gobierno del Perú, a fin de que Chile, en caso de agresión, tenga a un enemigo a quien respetar, y arríe banderas como lo ha hecho con Argentina".
Sé de sobra que el papel no hace real lo que allí se halle escrito, pero si se trata dar crédito a afirmaciones de acuerdo al valor revelador que involucren, prefiero asumir como cierto el ataque de honestidad que tuvo la Asamblea de Bolivia el 27 de septiembre de 1883, ya en el final del conflicto, cuando el ex canciller Mariano Baptista presentó en el Senado de Bolivia un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores que abofeteó el orgullo de los que querían regresar a los campos de batalla, liderados por el propio General Narciso Campero en la Presidencia de la República, obligando a allanarse a firmar la paz con Chile. En este extraordinario documento, hoy muy desconocido y diría que hasta escondido, Baptista concluye lo siguiente:
"1º.- Bolivia violó el artículo 4º al dictar el impuesto de 10 centavos y no respetó el compromiso de no aplicarlo; 2º.- Bolivia invalidó una transacción con la Compañía de Salitres de Antofagasta que era legal y definitiva; 3º.- Bolivia rechazó el arbitraje en la forma propuesta por Chile, y 4º.- Bolivia mantuvo una conducta destinada a provocar una ruptura diplomática".
El resto de las malas decisiones del fisco chileno que permitieron a los empresarios -muchos más que sólo los Edwards- tomar el control sobre la industria del nitrato, es historia bien conocida y repetida en nuestro país, incluso ahora (y no sólo con conspiraciones de guerras se logra), de modo que no aportan más que para seguir demonizando por chorreo al clan de ancestros del fundador del "El Mercurio" o la memoria de sus patriarcas, con las buenas o las malas razones que se tengan para observarlos desde un punto de vista de desprecio contra uno de los personajes más controversiales y oscuros de nuestra historia reciente.